En Puno, aproximadamente 40 mil empleados serán sometidos a examen

El Decreto Legislativo Nº 1025, publicado el sábado 21 de junio en el diario oficial El Peruano, tiene entre sus principales objetivos evaluar a los servidores del sector público y en la región Puno. Según las estimaciones de las autoridades, sobrepasan el número de 40 mil los empleados que ejercen algún cargo en el sector educación, salud, gobierno regional, municipios y otros sectores que comprende el Estado Peruano.

El presidente Alan García Pérez, no sólo se ha ensañado con el sector educación en el país, ahora también previo a concluir el periodo de sus facultades para legislar en ciertas materias; ha promulgado 4 decretos legislativos: 1023, 1024, 1025 y 1026 y todos están dirigidos al sector laboral del Estado Peruano.

Tal como informamos el último sábado, el Decreto Legislativo Nº 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil el Decreto Legislativo; el 1024 crea y regula al Cuerpo General de Gerentes Públicos; el 1025 aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público; y finalmente el 1026, faculta a gobiernos regionales y municipales a implementar proceso de modernización.

Los decretos legislativos 1023 y 1025, son los que definitivamente traerán un malestar generalizado en los empleados públicos, puesto que la norma prevé desde un posible ascenso en la institución donde se desvuelve en caso éste haya demostrado, hasta el cese del puesto de trabajo donde se desempeña, si el trabajador del Estado peruano ha demostrado una ineficiencia comprobada.

El presidente García señaló que previamente se aplicará una capacitación a los empleados del sector público en la rama y lugar donde se desenvuelve, y luego se someterá a una evaluación al 100% de trabajadores; éste examen determinará sí el servidor o funcionario es “distinguido”, “bueno”, “observado” o ineficiente”.

En el Título III – Capítulo II - Artículo 12 del Decreto Legislativo 1023, refiere que se estimulará a quienes superen los niveles exigidos, mediante políticas de ascenso, promociones económicas y reconocimiento moral; y se capacitará a quienes no alcancen un grado de suficiencia compatible con las obligaciones y responsabilidades del cargo; y separará a quienes no alcancen rendimiento compatible con los estándares de la entidad.

Según el Decreto 1025, la evaluación se realizará con una periodicidad no mayor de dos años a la totalidad de los empleados públicos; y como consecuencia de la evaluación; los estatales serán agrupados en “personal distinguido”, “de buen rendimiento”, “sujeto a observación” y “de ineficiencia comprobada”, este último es lo más grave porque constituye causal de despido.

Sin embargo, para la aplicación de esta norma aun es necesario esperar la reglamentación respectiva, el mismo que deberá ser promulgada en un plazo no mayor de 90 días hábiles, tal como lo prevé las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES del Nº 1026, en su tercer acápite. Desde aquel día, los trabajadores estatales podrían vivir días espinosos en cuanto se refiere a la estabilidad laboral.

Habrá nuevos trabajadores

Alcides Sánchez Parra, titular del Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, señala que la referida norma tiene la intención de despedir a los empleados que no tengan capacidad como servidores públicos. Aunque pide que no sea politizado, dijo que esto daría la posibilidad de que nuevos trabajadores ingresen al sistema laboral estatal del Perú

Sostiene que muchos trabajadores no quieren cesar porque no tienen suficientes incentivos al instante de dejar el cargo y que al Estado debería cambiar esa estrategia para lograr a que trabajadores con suficientes años de servicio puedan dejar la posta. Agrega además que la norma podría ser calificada como anticonstitucional y que los afectados tomarán medidas para no permitir que sea implementada y aplicada.

Sobre el tema, el Director Regional de Educación Néstor Paredes Luque, calificó de positiva la decisión del jefe de Estado e informó que su sector agrupa aproximadamente 20 mil los trabajadores entre docentes y administrativos, quienes serán sometidos a la capacitación y posteriormente a la evaluación que para muchos terminaría en despido si no logran las metas previstas.

Por su parte, el presidente Pablo Hernán Fuentes, sostuvo que los servidores del Estado en la región alcanzan a más de 30 mil, sin contar las municipalidades y otras instituciones que aún están en manos del Gobierno Central.